oy jueves 21 de junio de 2018, la Comisión Especial de la Ley 18.596 integrada por representantes del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), del Ministerio de Salud Pública (MSP), del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y de la Asociación de ex Pres@s Polític@s de Uruguay (Crysol); en virtud de la resolución adoptada el día 16 de abril pasado, atenta a los artículos 7o y 8o de la mencionada norma, procederá a colocar una placa recordatoria en el Centro General de Instrucción de Oficiales de Reserva (CGIOR).
Configuramos este reconocimiento del Estado uruguayo, ante delitos cometidos en este lugar desde 1968 y durante la dictadura cívico militar.
Homenajeamos especialmente en este acto, a todas las personas que fueron detenidas en este establecimiento perteneciente al Ministerio de Defensa Nacional, padeciendo injusto e ilegal encierro y que sufrieron en muchos casos prácticas aberrantes de tortura a cargo de agentes del Estado.
En ese contexto de violaciones a los DDHH, hoy se establece esta práctica sustentada en una sólida política pública que promueve acciones simbólicas tendientes a honrar la memoria histórica de las víctimas del terrorismo y del uso ilegítimo del poder del Estado.
Reconocemos especialmente en este encuentro público, la figura de aquellas personas, muchas hoy aquí presentes, que por reivindicar derechos oprimidos, luchar contra la represión y reclamar por libertad, fueron sometidas a reclusión.
Las medidas prontas de seguridad adoptadas por el Gobierno del Presidente Pacheco Areco, generaron la suspensión de las garantías individuales, la limitación de la libertad de expresión y de prensa, la prohibición del derecho de huelga y la restricción de la actividad sindical.
En ese contexto, este Centro cumplió especialmente tareas represivas contra el movimiento sindical y estudiantil. Entre otros, cabe destacar el duro perseguimiento sufrido por los militantes del Sindicato Bancario. En este escenario, la huelga de la AEBU de 1969 es un fiel testimonio de la encarnizada represión al movimiento sindical, con la militarización de más de 5000 trabajadores de la banca a los que se les aplicó el código militar para regular sus tareas laborales y obligaciones ciudadanas. Este establecimiento desplegó también detenciones transitorias a la espera de que a los presos políticos, estudio de casos mediante, se les diera destino a otros establecimientos militares, formales o clandestinos.
El Centro General de Instrucción hacia 1973, entrada ya la Dictadura fascista, consolidó su funcionamiento como lugar clandestino de detención. Aquí se estableció la Compañía de contra-información del Ejército. Desde este lugar se configuró la panificación del control de la sociedad, planes de vigilancia, espionaje, seguimiento y secuestro. Era un lugar de colaboración e intercambio de información con todos los servicios análogos del Ministerio de Defensa Nacional y se procesó la recolección, registro, evolución y archivo de gran parte de la información relativa a personas, grupos u organizaciones cuyas actividades significaban un peligro real o potencial para la Dictadura.
Bajo el esquema de que se consideraba subversivo todo lo que no fuera apoyo explícito al régimen, este lugar fue un verdadero Centro de planificación y ejecución en materia de represión política, sindical, estudiantil, cultural y social.
La generalizada resistencia de los uruguayos, de organizaciones sociales y políticas, del pueblo en su conjunto, desde la cárcel, desde la clandestinidad y desde el exilio, logró vencer a quienes con fusil en mano, pretendieron arrogarse impunemente el derecho a conducir el país bajo la peor fórmula, el totalitarismo cívico-militar.
Han pasado años de aquellos terribles sucesos que hoy condenamos confiados en que esa parte de la historia nacional es fundamental darla a conocer, enseñarla y aprender de ella.
Se abren puertas de dialogo social entre generaciones, que trae los acontecimientos del pasado reciente buscando integrarlos a nuestros días, para preservarlos, recordarlos y así se integren al patrimonio vivo de la historia de nuestro pueblo.
El Estado uruguayo de este modo transita desde el año 2009 al amparo de la ley 18596, por una senda que construye memoria histórica a partir de los sucesos acontecidos en el pasado reciente, que violentaron los derechos de todos los habitantes del país entre 1968 y 1985.
Más de 50 placas de memoria en todo el país constituyen sitios de reflexión permanente, implementados por fundamento legal tanto a nivel nacional como para dar cumplimiento a las recomendaciones y orientaciones que desde la comunidad internacional se extienden en materia de DDHH.
En la República Oriental del Uruguay el terrorismo de Estado configura un periodo de flagrante violación a los DDHH, periodo donde el ejército nacional más un sector de la sociedad civil y del espectro político fueron y son directamente responsables de las privaciones de libertad, de las prácticas de tortura física y psicológica, de los sometimientos, de los abusos sexuales, de los robos de bebes, de los nacimientos en cautiverio, de los secuestros, de las desapariciones forzadas y de los asesinatos; todos actos que violentaron la dignidad humana de miles de uruguayos y uruguayas.
Sobre este tema que nos obliga a centrar la condición humana por sobre todas las cosas, no hay 2 éticas, ni dos morales, ni dos interpretaciones.
Quién dio las órdenes, quien torturó, quien asesinó, quien violó, quien robó, quien enterró, quién secuestró, quien ocultó u oculta, todos estos “quienes”, son responsables del padecimiento, del sufrimiento, del dolor de quienes fueron y siguen siendo víctimas del terrorismo y el uso ilegítimo del poder del Estado.
Por consiguiente, es el Estado quien comparece aquí en nombre de todas sus instituciones, para reconocer públicamente, para asumir públicamente la responsabilidad que le ocupa por haber cometido violaciones a los DDHH en distintas situaciones y lugares del país, entre las que se encuentra el Centro General de Instrucción de Oficiales de Reserva (CGIOR).
En este sentido, este establecimiento se integra como lugar de compromiso ineludible con la memoria, con la búsqueda incasable de verdad y apego indisoluble a la justicia.
Estimado público, el objetivo de esta actividad es por un lado, honrar a las víctimas y por otro, establecer una necesaria construcción colectiva de memoria para tomar medidas que apunten a prevenir la repetición de aquellos delitos, aún vigentes.
La pedagogía de la memoria es un acto de justicia porque la memoria nos hace responsables de los actos de ayer, de hoy y del futuro.
Si sabemos lo que ocurrió, podemos optar e incidir de manera consciente para que no vuelvan a sucederse situaciones que lesionen derechos a nuestros semejantes.
La memoria nos debe permitir ser conocedores de nuestro pasado, propietarios de nuestra historia, para rescatar lo mejor de ella, condenar el oprobio y proyectarnos de la mejor manera al futuro.
Esos procesos de educación ciudadana que deben generarse, son los procesos que garantizaran el
NUNCA MÁS DICTADURA,
EL NUNCA MÁS TERRORISMO DE ESTADO,
EL NUNCA MÁS FASCISMO,
EL NUNCA MÁS OPRESIONES QUE CONDENEN A MILES DE PERSONAS EN EL MUNDO A VIVIR SOMETIDAS A CONDICIONES DE BARBARIE.
Expreso finalmente a las víctimas del Centro General de Instrucción de Oficiales de Reserva (CGIOR), el más sentido reconocimiento de la Comisión Especial, condenando con absoluta firmeza los abusos perpetrados contra los presos políticos recluidos en este establecimiento y por lo tanto abusos cometidos contra todo el Uruguay.
NUNCA MÁS TERRORISMO DE ESTADO
Mtro. Nicolás Pons
Presidente de la Comisión Especial
Ley 18.596
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA