Vecinas y vecinos
Compañeras y compañeros
En primer lugar queremos agradecer y saludar la colaboración de quienes han hecho posible la colocación de esta placa de memoria, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, PIT-CNT, Comisión de Fundadores de la CNT, AEBU, CRYSOL, FEUU, AUTE, el MEC, la Junta Departamental de Montevideo, la INDDHH, el Municipio B, Museo de la Memoria, Red Pro Sitios de Memoria, SERPAJ, Amigos y Amigas del MUME, ONAJPU, FUCVAM, SUNCA y Fundación Mario Benedetti.
Ya hace muchos años que las organizaciones que impulsamos este acto de homenaje y reconocimiento a las mujeres y los hombres detenidos y torturados en este sitio confiamos en la reparación como una medida que nos acerque un poco a ese deseado Nunca Más al terrorismo de Estado. Porque es eso lo que nos mueve. Que nunca más haya delitos de lesa humanidad, nunca más secuestros, nunca más desapariciones forzadas, nunca más detenciones sin mediar orden judicial tampoco juicios sin legítimas defensas, nunca más tortura, nunca más allanamientos a cualquier hora del día y de la noche, nunca más a los militares en la calle persiguiendo a enemigos internos, nunca más violaciones a hombres y mujeres, nunca más trata de vientres ni niños desaparecidos.
Tampoco es caprichosa nuestra idea de qué implica la reparación de los crímenes del Terrorismo de Estado. Lo estudiamos obligados, buscando cómo salir de este enredo en el que una generación tras otra queda atrapada por no haber obrado con la prontitud que la gravedad de lo sucedido, ya hace cerca de medio siglo, merecía. Desde la última década del siglo pasado expertos en derecho internacional, presentaron repetidos informes a las Naciones Unidas sobre cómo debían proceder los Estados. Desde entonces, el derecho a la verdad, a la justicia, a la memoria, a la rehabilitación y a las garantías de no repetición, como forma de reparación fue adoptado por Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y detrás de ellas hemos caminado, todos juntos, los 20 de mayo. Entre los principios y directrices aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución 60/147 del año 2005 se establece, también, que la reparación debe ser adecuada, efectiva y rápida.
La colocación de esta Placa de Memoria se enmarca en esta concepción de reparación. Pero también cuando decidimos solicitar su colocación en este lugar queríamos traer a la memoria esos tiempos de luchas sindicales y estudiantiles que precedieron a la dictadura que fueron duramente reprimidas y que por lo general quedan invisibilizadas ante la explicación basada en la teoría de los dos demonios con la que se intenta justificar, una y otra vez, el avasallamiento de las libertades democráticas por parte de las Fuerzas Armadas y sectores civiles.
Hace 50 años, por estos días, luego de medio siglo de paz, los uruguayos vivían momentos difíciles de nuestra historia. Se congelaban salarios y precios, caía el salario real, se decretaban medidas prontas de seguridad, la gente se aglomeraba para solicitar el carnet de pobre o emigraba por miles. Comenzaba un ciclo autoritario de despojo a la población del que participaban no sólo el Poder Ejecutivo sino también las cámaras empresariales y los sectores más derechistas de los partidos tradicionales. Se clausuraban medios de prensa; se ilegalizaban organizaciones políticas; se clausuraban locales; se reprimía con armas de fuego las manifestaciones obreras y estudiantiles; se decretaba el fin de los Consejos de Salarios y los Convenios Colectivos. Todas medidas tendientes a mantener la rentabilidad de los grandes capitales a costa del salario de los trabajadores en momentos de crisis económica.
Los debates sobre el camino a tomar excedían a los partidos políticos y se instalaban en la sociedad toda, los intelectuales, los principales exponentes de la cultura, las iglesias y los gremios discutían sobre cómo enfrentar el “pachecato”, desde el Sorocabana a Bella Unión, en un país que veía los golpes de estado en los países vecinos con ajenidad. Sin embargo, cualquiera fuera la opción personal que se hubiera tomado, todas sufrieron la persecución.
En 1966 los trabajadores ya habían concretado la unificación del movimiento sindical, para contar con mejores herramientas al momento de defender su poder adquisitivo y sus derechos.
A partir de 1968, con el uso indiscriminado del instrumento constitucional de las Medidas Prontas de Seguridad, son detenidos miles de trabajadores sindicalizados, no solo sus dirigentes, y estudiantes universitarios.
Este lugar, el viejo Cuartel 33 Orientales, construido en 1879, había adquirido diferentes funciones durante la primera mitad del siglo pasado hasta que en los ´60 se había convertido en el Centro General de Instrucción para Oficiales de Reserva, (CGIOR) y fue uno de los lugares elegidos por las Fuerzas Armadas para encarcelar al pueblo. Los conflictos se sucedieron y superpusieron unos a otros. En Enseñanza Secundaria, en la banca oficial y privada quienes fueron militarizados; en UTE, ANCAP, OSE, ANP, AMDET, también militarizados; la industria Textil, la UNIVERSIDAD, FUNSA, el FRIGORIFICO NACIONAL, TEM, BAO, etc. Tres estudiantes fueron asesinados: Líber Arce, Hugo de los Santos y Susana Pintos solo en ese año 1968, luego la represión continuará y habrá más.
Las fuerzas armadas fueron las encargadas de llevar adelante esta represión. La prepotencia y verticalidad a la cual estaban acostumbrados, la impunidad jurídica de sus excesos, los malos tratos y arbitrariedades que cometían, las condiciones infrahumanas tanto de comida como alojamiento que sufrieron los detenidos en la mayoría de esas unidades militares, los convirtieron en centros de tortura.
Por este camino llegamos a 1973 y comienza en forma descarnada la dictadura cívico militar, que barrió de cuajo todos los derechos y libertades de la enorme mayoría de los uruguayos, e intentó callar la disidencia.
Miles de compatriotas fueron perseguidos, obligados a exiliarse, detenidos, asesinados, torturados sistemáticamente, inclusive muchos de esas mujeres, hombres y niños continúan desaparecidos. Se utilizaron muchos lugares, mayoritariamente vinculados a las fuerzas armadas, para llevar adelante estas violaciones a los derechos humanos, muchos de ellos sin el conocimiento de la población, son los centros clandestinos de detención y torturas.
El Cuartel 33 Orientales, el ex CGIOR, fue uno de los centros clandestinos utilizados para detener y torturar uruguayos. Aquí funcionó la Escuela de Inteligencia del Ejército, donde según el testimonio del ex soldado fotógrafo Hugo García Rivas, hubo “un desprecio absoluto por la vida y la integridad física de los detenidos” aquí se realizaban “experiencias de tortura sobre los presos políticos para el adiestramiento de oficiales uruguayos de las tres armas”. No necesariamente los detenidos estaban siendo interrogados, los usaban para aprender y si no había presos para ejercitarse, los traían del Batallón 13 de Infantería. Los cursos contaban también con un médico, el Dr. Scarabino, no para cuidar la vida de los torturados sino para evitar perder información. Los oficiales llamaban a todos los alumnos a participar. Se impartían tres cursos al año también para oficiales extranjeros. También funcionó acá, la Compañía de Contrainformaciones del Ejército responsable del secuestro de Lilian Celiberti y Universindo Rodríguez en Porto Alegre y de la muerte de Humberto Pascaretta, destituido de UTE y trabajador de CICSSA. Fue en este lugar, también, que en mayo de 1980 fueron detenidos y torturados los dirigentes del SUNCA por defender el 1 de mayo que la dictadura había cambiado de fecha. Entre los que actuaron en este sitio se encuentra el prófugo Eduardo Ferro.
Creemos en la importancia de trabajar sobre los sitios donde ocurrieron crímenes de lesa humanidad. La invisibilidad de esos espacios físicos contribuye al ocultamiento del pasado reciente. Visibilizarlos es necesario a la hora de construir la verdad, aportó a ella el hallazgo del archivo Berruti, y también pueden aportar rastros en muros y pisos que posibiliten la comprensión del modus operandi de los represores. Los sitios son escenarios de crímenes y así deberían haber sido tratados desde un inicio permitiendo a las víctimas su reconocimiento, realizando estudios periciales y creando equipos multidisciplinarios que determinen las medidas necesarias para evitar su deterioro.
La verdad es dinámica, cambia con nuevos aportes a veces de las víctimas, a veces de los vecinos, a veces de la comunidad, a veces de los lugares donde ocurrieron los acontecimientos. Esa verdad siempre precaria es un derecho de la ciudadanía, derecho a conocer los hechos y hacerse cargo de su pasado, derecho a construir su identidad con ella. Una identidad difícil de objetivar, por lo dolorosa y traumática, pero necesaria para no repetir errores y estar alerta ante propuestas revisionistas.
Muchas gracias
Comisión Pro Placa de Memoria ex CGIOR